Vacunatorio VIP: un fiscal denunció a Ginés y pidió investigar el reparto de la Sputnik V en las provincias

El fiscal pidió que la investigación no se limite a "los casos en particular que se denuncian" sino que "se amplíe a todos aquellos casos que se compruebe que no han cumplido con el orden establecido por el Plan Estratégico" en las distintas jurisdicciones.

"La denuncia no solo abarca a Ginés y otros como imputados, sino que las provincias deben informar a quiénes vacunaron como personal de Salud", señalaron desde la fiscalía.

En San Luis, el Gobierno reconoció que se vacunó a “personal estratégico” relacionado al gobernador Alberto Rodríguez Saá. La ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo manifestó el 4 de febrero que hasta esa fecha se había inmunizado a personal de salud y a un grupo de asesores del mandatario, aunque no se dan a conocer los nombres de estas personas que fueron beneficiadas.

La presentación también incluye al periodista Horacio Verbitsky, "sin perjuicio de que el avance de la investigación permita identificar a otras personas", en tanto Marijuan calificó a los sucesos que le costaron el cargo a González García como "un acto de inusitada gravedad institucional".

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9 realizó su presentación ante la Cámara Federal porteña y el próximo lunes se sorteará la denuncia.

En su escrito, Marijuan también solicitó que tras el escándalo generado en torno de las "vacunaciones de privilegio" reportadas en las últimas horas y en días recientes, cada jurisdicción brinde un informe sobre quiénes fueron inoculados contra el coronavirus como "personal de salud".

Citando a medios de prensa, el fiscal sostuvo que "personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid- 19 en la República Argentina, aprobado por Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, se encuentran siendo vacunadas".

En su presentación, Marijuan expuso que los hechos que describe en su denuncia "resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que reprime con pena de un mes a dos años de inhabilitación especial por doble tiempo" para el funcionario público que "dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

En este sentido, el fiscal en su presentación mencionó la Ley 27.573, de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la enfermedad Covid-19.

El funcionario que las normativas vigentes establecen "un orden prioritario" para la aplicación de vacunas contra el coronavirus, "resultando así que los primeros en aplicárselas sean el personal de salud y luego las personas mayores de sesenta años".

"Esta situación -con relación al escándalo que le costó el cargo a González García- fue una clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna, quienes contrariando los alcances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo, aplicaron las mismas sobre personas que no se encontraban en la lista de prioritarios, sin ningún tipo de justificación", resaltó.

Marijuan también solicitó que su denuncia "oportunamente se amplíe a todos aquellos casos en los que se compruebe que no se ha cumplido con el orden establecido en el Plan Estratégico y de conformidad con lo que se estableciera en cada jurisdicción".

El fiscal, que calificó a la pandemia como una "problemática catastrófica", planteó que "cuando todavía no ha logrado vacunarse en su totalidad al personal de salud y cuando recién se encuentra en sus inicios la etapa de vacunación de los adultos mayores, se va conociendo que determinadas personas vinculadas con actividades políticas y/o relacionadas personalmente con distintos funcionarios obtienen la posibilidad de ser vacunados" aun cuando "no están dentro" de la normativa vigente.

"Corresponde mencionar -continuó Marijuan en su denuncia- que se trata de una bajeza tal en personas con un cargo político y funcional trascendente que me hace recordar a los peores momentos de la Argentina".

Finalmente, enfatizó que "resulta difícil de comprender cómo desde una posición de poder y de influencia política se avasallan todas las normas en pos de un beneficio personal que no hace más que mostrar la bajeza y la catadura moral inexistente de los que intervienen en estos sucesos". (NA y nuestra redacción)